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 Parece ser, por las informaciones obtenidas a través de algunos medios de comunicación, que la señora Sauquillo ha asegurado a las asociaciones a las que representa como presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, que no tendrán que devolver las subvenciones que fueron consideradas ilegales parcialmente por una sentencia del Tribunal Supremo, sentencia que además es firme y no admite recursos.
Desde hace casi dos años 460.000 familias luchan por recuperar sus ahorros. Muchas de estas personas otorgaron su confianza a estas asociaciones, pero pocas han sido las veces que el Consejo se ha reunido para tratar un tema tan importante para miles de ciudadanos, sin embargo, si hay motivos para celebrar reuniones en cuanto hablamos de dinero, dinero a reintegrar.
El señor Pardos, presidente de Adicae, una de las asociaciones que más dinero ha recibido por este concepto, se excusa en una equivocación del Gobierno que ellos no deben pagar. Esto, que parece lógico, sólo lo aplican a aquellos que les interesa, ya que los afectados de Fórum y Afinsa nos encontramos sin nuestros ahorros por equivocaciones y negligencias sucesivas a lo largo de 27 años, y por supuesto, estos errores los estamos pagando nosotros sin que desde el CCU y desde las distintas asociaciones que lo integran, se lance un mensaje contundente a la administración en el que se posicionen a nuestro lado sin condiciones.
Dichas subvenciones nunca debieron asignarse a éste Consejo por ser discriminatorias, y su único fin era y es pretender acallar a las asociaciones que las han recibido, unas subvenciones que además ya legalmente han sido declaradas ilegales parcialmente, las causantes del mayor abandono a los consumidores, abandono causado entre otras cosas porque es difícil defender a quién desde la misma presidencia del Consejo, la señora Sauquillo, socialista de pro, antes y ahora, en lugar de olvidar afinidades políticas que en su momento le sirvieron para ser senadora y europarlamentaria, sigue siendo fiel a una siglas y un partido, olvidando que no es al gobierno a quien tiene que defender, sino a los consumidores y desde luego no los ayuda en absoluto al lanzar declaraciones a los medios, intoxicando al resto de los ciudadanos con mentiras manipuladas, como por ejemplo, que nuestros ahorros eran dinero negro y por tanto, quien sabe de qué manera conseguido.
Intentan convencernos mientras le dan todas las vueltas posibles a la sentencia, que no deben devolver esas subvenciones, que esta sentencia debe crear jurisprudencia y evitar que las cosas se sigan haciendo mal, pero las ayudas, en sus bolsillos... que se aplique la ley, pero cuando afecte a los demás. Increíble resulta esta interpretación, ya que la ley es muy clara sobre este tema, simplemente debe respetarse y no hay lugar a interpretaciones interesadas.
Desde luego decir que si deben devolverse se originaría un conflicto es grotesco, ya que, el único conflicto se crea ahora, una sentencia del Supremo puede ser burlada utilizando a los afectados, para esto si hablan de ellos y se preocupan en recontar a cuantos defienden. Defensa que a pesar de esas subvenciones tan necesarias para los que ahora buscan burlar a la justicia, han pagado religiosamente en las cuantías que desde esas asociaciones les han solicitado y que vistas las cantidades pagadas por algunos afectados no se entiende el porqué estar representado por una asociación subvencionada supone pagar prácticamente lo mismo que pertenecer a una independiente que no ha recibido ayuda alguna y se mantiene gracias a las aportaciones de los socios, cuando además estas asociaciones independientes representan a sus socios en tres procesos diferentes: penal, concursal y contencioso de responsabilidad patrimonial del Estado, mientras que las pertenecientes al Consejo tienen menos frentes abiertos, y lógicamente, no demandan a aquel que tan generosas subvenciones les ha aportado y que no piensa reclamarles por mucha sentencia del Supremo que haya.
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