La elevada subida del precio del gasóleo, que ya supera a la gasolina, ha provocado fuertes tensiones en el transporte por carretera. Las patronales del sector han advertido a la Administración que encabezarán una ola de manifestaciones si el nuevo gobierno no aborda esta cuestión.

El gasóleo ha experimentado una importante subida del 21% en lo que va de año. La primera consecuencia, como adelantó La Vanguardia, es que ha absorbido la bonificación fiscal que había preservado el gobierno para proteger los colectivos de transportistas, agricultores y pescadores, cuyo negocio depende de su precio.

El presidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), Pere Padrosa, ha advertido que si en un plazo de 90 días no se ha arreglado este problema, se producirán graves tensiones entre las empresas del sector.

En su opinión, los problemas de tesorería originados por el encarecimiento de los costes, unidos a las dificultades de conseguir créditos, repercutirán en el mercado "con parones de vehículos". Por esta razón, el establecimiento de un marco de regulación sobre el impuesto de carburantes con la Administración es objetivo fundamental del sector.

En su opinión, "de la misma manera que el sector eléctrico es considerado estratégico por la Administración, el transporte también lo es. Por tanto, si las tarifas eléctricas suben con el precio del petróleo, con las del transporte debería suceder lo mismo".

En esta opinión coincide el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), Julio Villaescusa, que considera que la situación "es desesperada para los transportistas de mercancías". Por esta razón ha defendido la necesidad de que la Administración imponga elevadas sanciones a los transportistas que trabajan por debajo de costes.

Ante la situación creada, las patronales propondrán al nuevo gobierno una subida de las tarifas que absorba el fuerte encarecimiento del gasóleo, que el último año acumula incrementos próximos al 23%. Esto supondría el aumento de productos básicos de consumo de hasta un 20%. El Gobierno ha intentado neutralizar estas presiones para evitar que se agraven las tensiones inflacionistas. Los transportistas argumentan que trabajan con un margen muy pequeño, que se podría situar entre el 2% y el 3%. En consecuencia, no tienen capacidad de absorber el elevado aumento del combustible: "Pasaríamos a tener pérdidas". Hay que tener en cuenta que el coste de combustible representa en torno al 40% de los gastos de explotación de un transportista.

Junto a este aumento del precio del combustible, los transportistas de mercancías por carretera temen la nueva normativa europea. Ésta limita los descuentos máximos que se pueden hacer en las autopistas al 13%, frente al 50% que las empresas transportadoras habían conseguido de las concesionarias. De aplicarse la nueva norma. subirían los precios de los productos transportados en torno a un 9%, que pagaría el consumidor final.

LaUE también intenta armonizar las tarifas del peaje de los vehículos de transporte de mercancías, gravando más a los camiones que más contaminan.

Ante estos problemas, el sector no reclama una rebaja de impuestos - actualmente el gasóleo se grava con 27 céntimos por litro-, sino un marco regulador que discrimine la utilización del gasóleo para el consumo privado y para su uso profesional. Por esta razón demanda que el nuevo gobierno acelere la implantación del gasóleo profesional, cumpliendo el compromiso asumido por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, hace cuatro años. Estas cuestiones se debatirán en el Comité Nacional del Transporte a final de marzo.

 

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