Lo que parecía una maniobra desesperada se convirtió a la postre en un mecanismo rápido de desalojo. El juzgado decidió por la noche conceder la orden con carácter urgente ya que la vivienda amenazaba ruina extrema.

Los hechos se remontan al pasado domingo. Un vecino de la zona denuncia que han vuelto a entrar okupas en la casa del número 31. Los Mossos llegan y comprueban que la okupación se había producido varios días antes, por lo que se había consolidado ya como domicilio, lo que impedía su desalojo instantáneo.

Sin embargo, la situación llegó a oídos de la propiedad, que envió un operario a soldar la puerta metálica que, previamente, había sido violentada -tenía un candado-. Una vez soldada, otros dos okupas aparecieron y recriminaron la acción aduciendo que había una persona en su interior. Se inició entonces una discusión entre los dueños y el abogado Roger Granados, y los presuntos usurpadores. El altercado provocó la llegada de una patrulla de Mossos. Informaron a los dueños de que no había denuncia puesta y de que debía desbloquear la puerta porque ello suponía un peligro para la persona del interior.

En el mismo momento en que la puerta quedó liberada, otros dos okupas se metieron en la vivienda. Ello sulfuró a los dueños de la casa, que no habían tenido más remedio que acatar la orden policial. Granados formalizó la denuncia en comisaría, donde se hizo constar de forma muy rotunda, según fuentes del caso, que la casa está en muy mal estado, lo que suponía un grave riesgo. Los Mossos d´Esquadra enviaron la denuncia al juzgado con carácter urgente y el juez accedió al desalojo en tiempo récord. Los agentes desplazados al lugar pidieron a los tres okupas -dos varones y una mujer- que abandonaran la casa, lo que acabaron haciendo tras negarse inicialmente. La puerta volvió a sellarse.

 

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