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 TELEPRENSA.- Finalmente se encuentran en libertad sin fianza pero con cargos las seis personas detenidas, entre ellas el alcalde y concejal del Partido Andalucista de Zurgena, en el marco de la operación “Costurero”, contra la corrupción urbanística, llevada a cabo por la Guadia Civil. Los últimos en prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal Overa fueron los empresarios Antonio López y Tomás Zurano, a los cuales se imputa los presuntos delitos de cohecho y contra la ordenación del territorio. Además al segundo de éstos, -que es presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, Ceacop-, se le acusa de desobediencia por no acatar la medida cautelar que le obligaba a paralizar la construcción de varias viviendas.
A primera hora de la mañana del viernes, tras pasar la noche en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, los seis detenidos durante la jornada del miércoles, en la que los investigadores se incautaron de numeroso material tanto del Consistorio como de domicilios particulares y oficinas de los implicados, fueron conducidos ante la juez que instruye diligencias. Los primeros en declarar fueron los arquitectos Francisco Salvador y Carlos Berbel, al segundo de los cuales se le acusa de prevaricación. Posteriormente lo hicieron el alcalde de Zurgena, el andalucista Cándido Trabalón, y el concejal de Urbanismo, del mismo partido, Manuel Tijeras, quienes también quedaron en libertad sin fianza, aunque se mantienen los cargos contra ellos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio. A la salida de los juzgados, Trabalón ha asegurado sentir “vergüenza ajena” de las instituciones y ha achacado a una trama de “acoso del PSOE” su detención.
Ambos políticos se encuentran en la calle, aunque con obligación de personarse en el juzgado una vez al mes. Trabalón ha emplazado a los medios de comunicación a una rueda de prensa que ofrecerá la próxima semana en donde dará a conocer los detalles de este caso si bien ya ha adelantado que las acusaciones de la Fiscalía son “películas de ciencia ficción”. De la misma manera, Ceacop tiene previsto esta semana hacer una valoración de lo sucedido.
Por su parte, los abogados que defienden a los detenidos tienen previsto reunirse para estudiar posibles acciones a emprender al no estar de acuerdo con la forma en que se han practicado los arrestos ni el trato personal que se les ha dispensado.
La investigación de la Guardia Civil comenzó hace once meses. Trata de esclarecer la construcción de unas mil viviendas ilegales en un municipio que sólo cuenta con 2.500 habitantes y si existe delito en la autorización municipal de seis promociones, algunas de ellas paralizadas cautelarmente, tras una impugnación de la Junta en el TSJA de las licencias municipales para las mismas. Anteriormente, antes de la aprobación del Consistorio, la Junta había solicitado la revisión de las mismas.
El delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Luis Caparrós, ha querido separar muy bien las actuaciones que está llevando a cabo a nivel judicial la administración autonómica, que son vía contencioso administrativo, de las que ahora se instruyen a nivel penal a instancias de la Fiscalía y con las que “somos respeutosos”, ha dicho.
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