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 Llega en mal momento, como el examen sorpresa, ese que despierta los murmullos de rechazo y consternación entre los alumnos. La maratoniana sesión de la Comisión de Peticiones de la UE que hoy se inicia volverá a poner en entredicho el urbanismo valenciano, que se verá sometido a una nueva campaña de desprestigio en el continente en plena crisis del sector inmobiliario. Las 49 reclamaciones de vecinos comunitarios y asociaciones ahondarán en la mala racha que atraviesa uno de los principales motores de la economía de la Comunitat.
Mientras el sector de la construcción trata de sobreponerse al brutal frenazo que ha sufrido, proyectos como Porchinos o Nou Mil.leni pueden desencadenar en un nuevo desembarco de eurodiputados y técnicos comunitarios en Castellón Valencia y Alicante, como ya ocurrió en 2007.
Las conclusiones de los parlamentarios, y máxime si desencadenan en una nueva denuncia ante el tribunal europeo como ocurrió en junio, no es desde luego el mejor cartel para revitalizar el maltrecho sector de la construcción. Desde la Generalitat encaran la reválida con aparente tranquilidad.
Renovación del marco legal
Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente recordaron ayer que el gobierno valenciano ha promovido "una renovación del marco legal". Desde el ente autonómico defendieron que esa reforma ha incidido en mejorar los derechos de los propietarios, a dotar de una mayor transparencia los procesos de adjudicación de proyectos y controlar los instrumentos e instituciones encargados de tramitar los planes urbanísticos en la Comunitat.
"Somos el territorio con una mayor regulación del urbanismo en toda Europa", indicaron las mismas fuentes que, además, anunciaron que la Generalitat está negociando con el PSPV un pacto para sacar del debate político aspectos relacionados con el desarrollo del territorio como medida para mitigar la crisis inmobiliaria.
Mientras tanto, desde el PSPV perciben un "problema de fondo" que, según dicen, la Generalitat debe solucionar. "Los vecinos no se sienten amparados por la ley valenciana. Las Cortes deben abrir un periodo de audiencia para elaborar una nueva", indicó Joan Calabuig, diputado nacional electo por Valencia y eurodiputado socialista hasta el pasado mes de marzo.
La Comisión de Peticiones atiende 49 peticiones de vecinos, asociaciones y partidos políticos. Algunas de ellas proceden de particulares, muchos de ellos extranjeros, que denuncian supuestos abusos sufridos por la aplicación de la ley urbanística valenciana (tanto la obsoleta LRAU como la LUV, actualmente en vigor) en la tramitación de algún plan. La mayoría de esas reclamaciones proceden de Alicante, muchas de ellas de la Marina y, en especial, de Xàbia.
Un segundo grupo de entre las peticiones que se tratarán desde hoy mismo en Bruselas son aquellas que alertan sobre presuntos incumplimientos de la normativa europea en materia medioambiental. Entre ellas se encuentra las denuncias de posibles daños, por ejemplo, a la Albufera o al marjal Pego-Oliva.
Desarrollo desmesurado Un último grupo es el de los abusos urbanísticos, es decir, de planes que supondrían un desarrollo desmesurado de alguna zona o población. El ejemplo más flagrante de este caso es el de Parcent, donde actualmente se están tramitando tres PAI que comportarían la construcción de más de 2.000 viviendas en la pequeña localidad de la Marina Alta.
Estas iniciativas cuentan con un amplio rechazo vecinal. El PP, que inició la tramitación de los PAI, ya no gobierna y el actual ejecutivo municipal no quiere llevarlos a cabo. Sin embargo los planes están ahora en manos del Consell, que a día de hoy no los ha congelado. La asociación en contra de los proyectos exige su paralización y amenaza con ir a los tribunales. La plataforma acude a la UE con la esperanza de que esta iniciativa sirva para evitar que Parcent, una pequeña y acogedora localidad, se convierta en una inmensa área de casas de lujo.
Los vecinos en contra de estos planes urbanísticos confían en la Comisión de Peticiones inste al Consell a paralizar los tres planes porque consideran que no hay recursos hídricos suficientes para abastecer a las viviendas previstas.
Algo así exige la plataforma Salvem Porxinos, que se opone a la Ciudad del Valencia en esta partida de Ribarroja. El portavoz de la asociación, Bernat García, expondrá mañana las tesis de una reclamación basadas en que el plan incumple la ley europea en materia medioambiental.
En todo este amasijo de reclamaciones se pueden entresacar las principales causas de que una comisión de eurodiputados realizase un trabajo de campo sobre el urbanismo valenciano hace ahora un año. Desde hoy y hasta mañana, el Comité de Peticiones volverá a analizar si esas 49 denuncias tienen fundamento.
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