Las pesquisas de jueces, fiscales y guardias civiles han puesto al descubierto que en la Región de Murcia algo huele a podrido. No es para menos si se tiene en cuenta que de los 45 municipios que existen en esta comunidad autónoma, están siendo investigados cargos políticos y altos funcionarios de una veintena larga de consistorios por la supuesta comisión de diferentes hechos delictivos. La Justicia ha dirigido su punto de mira, en la mayoría de los casos, hacia el desarrollo urbanístico, disparado tras la reforma de la Ley del Suelo que aprobó el Gobierno de Aznar y su aplicación en la Región de Murcia, lo que dio paso a un modelo de desarrollo que ahora ha terminado por estallar.

De hecho, Murcia, es una de las provincias donde más sigue subiendo el precio de la vivienda, frente a un nivel de renta de los murcianos muy por debajo de la media nacional, es inferior en un 16%, pese a 12 años de expansión; lo que confirma que el modelo de desarrollo del Gobierno del PP en Murcia, después de tantos años, no ha servido para corregir diferencias entre los murcianos y el resto de españoles. Todas las investigaciones que están en marcha afectan a municipios dirigidos por el Partido Popular, excepto en dos: Ojós, pequeño municipio del interior gobernado por un partido independiente, y Los Alcázares, en el Mar Menor, donde gobierna el PSOE.

Aunque no pueden descartarse que existan más investigaciones en marcha, de las que no se conocerían detalles porque puedan estar bajo secreto, los casos más destacados, de los que se tiene constancia, son los que siguen:

Águilas: ‘caso Zerrichera’

Este asunto está en plena investigación con una decena de imputados, incluido el empresario Trinitario Casanova Abadía y el alcalde, Juan Ramírez, así como dos ex directores generales del Gobierno regional de Valcárcel. Los jueces y la Fiscalía investigan la recalificación de una finca protegida de unas 240 hectáreas que representa el 1,07% de la Sierra de la Almenara-Cabo Cope, en el municipio de Águilas.

Totana: ‘operación Tótem’

Se investiga una supuesta trama de corrupción de la anterior corporación del PP y la actual exigiendo comisiones para recalificar terrenos. La jueza encargada del caso ordenó la detención de 14 personas y cuatro más resultaron imputadas. Entre los detenidos destacaba el alcalde del PP, José Martínez Andreo, que estuvo dos meses en prisión y salió, recientemente, tras pagar una fianza de 70.000 euros. Entre los imputados aparece el diputado por el PP y ex alcalde de la localidad Juan Morales, a quien el juez pidió 200.000 euros de fianza, días atrás, para librarse de la cárcel.

 (Pinche en la imagen para verla ampliada)

Habrá que estar muy atentos al levantamiento del secreto de sumario en este caso judicial puesto que pueden producirse sorpresas informativas de profundo calado político, según las fuentes consultadas.

Los Alcázares: ‘operación Ninette’

Hay seis detenidos, uno de ellos permanece en la cárcel, el arquitecto, Mariano Ayuso. Entre los dos que tuvieron que pagar fianza está el ex alcalde socialista Juan Escudero, en libertad tras abonar en el juzgado 60.000 euros. En esta operación ha declarado el cartagenero Juan Antonio Roca, con intereses en la región. Hay otros 14 imputados.

Alcantarilla

Una juez ha abierto juicio oral contra el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, al que le pide seis años de prisión, por un supuesto episodio de contaminación del río Segura.

Fuente Álamo y Torre Pacheco

En esta trama hay 14 imputados, incluyendo los dos alcaldes, la edil de Fuente Álamo, Maria Antonia Conesa, y el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, éste último está en prisión desde la noche del pasado jueves. En el conjunto de la causa, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, se investiga la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto. Entre los imputados se encuentran tres concejales de Fuente Álamo, además de la alcaldesa y el arquitecto municipal; y en el consistorio pachequero hay imputados cinco corporativos, el arquitecto técnico (en prisión junto al primer edil), el secretario del Ayuntamiento, el interventor y un ingeniero municipal. Igualmente, vinculados a esta investigación, se encuentran el que fuera fundador de Polaris World, Facundo Armero, y el actual presidente de la empresa, José Luis Hernández, además de un socio de Facundo y anterior director financiero de Polaris, Juan Marcos Fernández Farrugia.

Abanilla

Los juzgados de Cieza están investigando cuestiones vinculadas al PGOU y a determinadas personas que pudieron participar en la redacción del mismo, y diferentes trámites urbanísticos.

Así hay un largo etcetera que podeís ver en Público.es

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