Lo que en un principio parecía una buena ocasión para adquirir una vivienda se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza. Las buenas condiciones de pago y el precio de los pisos, comparados con los de la zona, enseguida llamó la atención de los compradores, que no sabían que la persona en la que depositaban su confianza y sus ahorros cerraría la puerta de su negocio sin avisar y desaparecería con unos cien mil euros pertenecientes a una docena de personas que confiaron en él.
A uno de los afectados, que ha decidido hacer pública esta situación, fue su cuñada la que le comentó que la inmobiliaria CM, situada en el Paseo de Zorrilla, iba a promocionar 10 viviendas del edificio Emperador, un bloque de 24 pisos que estaría ubicado entre la calle Fuentes Carrionas y la Avenida Aranzana, en el municipio de Arroyo de la Encomienda.
El interés le llevó a abrir la puerta de la inmobiliaria para preguntar por los pisos. Allí, se encontró con su gerente, A. P. C. «Era un hombre joven, que dominaba el tema del que hablaba y que nos ofrecía mucha confianza», explicó el afectado, al que A. P. C. le dijo cuando fue a su negocio que ya sólo quedaba en venta uno de los diez pisos. «Incluso me llegó a comentar que si no estaba muy seguro de comprarlo sobre plano que esperara a que estuvieran construidos para adquirirlo a pie de obra, donde supuestamente se iban a vender el resto de las 14 viviendas. Luego me enteré de que no fui el único al que dijo que sólo quedaba en venta un piso».
A. P. C. aseguró al afectado, también a su cuñada que ha pasado por la misma situación, que él se hacía cargo de los 6.000 euros en concepto de reserva de la vivienda, cantidad que luego serviría para pagar el inmueble. «También nos dijo que él era el único enlace con la constructora y que respondía de nuestro dinero. Lo que a mi me dio confianza es que si los pisos no se construían, él nos iba a devolver lo abonado», explica el hombre, que primero entregó 1.500 euros al gerente de la inmobiliaria y 4.500 después.
Fue en febrero de este año cuando el afectado y la inmobiliaria firmaron la reserva del piso. «Le hice añadir una cláusula que decía que si 90 días después del inicio previsto de las obras éstas no comenzaban le podría reclamar las cantidades».
El primer 'mosqueo' del afectado llegó cuando trató de averiguar algo sobre la constructora Monge, la que supuestamente iba a ejecutar la obra de su futuro piso, un bajo de 60 metros cuadrados que pretendía que fuera para sus hijos. «Investigué, pero no encontré ninguna constructora con ese nombre y tampoco vi que hubieran pedido licencia para construir», dice el afectado, que seguía confiando en que el gerente de la inmobiliaria les devolvería el dinero en caso de que las obras no siguieran adelante, lo que le hacía estar tranquilo.
Las miradas cómplices y las risas entre el afectado y su mujer cuando A. P. C. les leía la memoria de calidades hizo enfadar al gerente de la inmobiliaria. «Nos decía que los baños tenían mamparas, que las encimeras eran de silestone y también que si sobraba dinero construirían un pequeño gimnasio al lado. En ese momento mi mujer y yo no pudimos evitar la carcajada. A A. P. C. no le sentó bien y nos dijo que él siempre había sido muy serio con nosotros», comentó.
La desconfianza se iba apoderando poco a poco del matrimonio, que decidió investigar más sobre la inmobiliaria CM. «La empresa Univerinno S. L. había cogido la franquicia. Eran tres socios, uno de ellos A. P. C. Tenía buen nivel de solvencia y siempre había cumplido sus compromisos, así que no había nada sospechoso».
Agosto del 2007 era el mes previsto para que comenzaran las obras y febrero del 2009 la fecha para formalizar la entrega de llaves, pero el afectado y su familia veían como transcurría el verano y en el solar donde iban a estar sus casas no había nada. «En agosto recibimos una carta de la constructora en la que nos felicitaba por la compra del piso y nos decía que las obras se retrasaban hasta la segunda quincena de septiembre. Decía que ya se pondrían en contacto con nosotros y no aparecía ninguna dirección ni número de teléfono. Para entonces la inmobiliaria CM se denominaba APC, las iniciales del gerente».
Una llamada de teléfono alertó al matrimonio. La inmobiliaria había cerrado sus puertas. «Nos pusimos en contacto con la dueña del local y nos comentó que había desahuciado judicialmente a la inmobiliaria por el impago del alquiler. Luego nos dirigimos a la Policía Nacional para denunciar» explicó. Según el afectado, al principio no tenía «mucha pinta de ser un pelotazo», pero a raíz de poner su denuncia, éstas fueron sucediéndose, hasta llegar a las doce que hay actualmente y que reclaman entre 90.000 y 106.000 euros.
Desde ese momento, la Policía se puso a buscar al gerente de la inmobiliaria, «que se encuentra en paradero desconocido». «Nos dijeron que A. P. C. era el único dueño de la empresa, que los otros dos socios firmaron ante notario que se desvinculaban de la sociedad y que vendían a este señor su parte por un precio simbólico».
«Es un montaje»
Una vez que había cerrado sus puertas la inmobiliaria, entonces bajo el nombre de APC, los afectados recibieron una nueva carta de la constructora, ya en septiembre, y en la que decía que el inicio de las obras se retrasaba hasta enero del 2008. «Esta segunda carta aparece datada en Aranda de Duero, aunque el matasellos es de Valladolid y en ella venía el teléfono», dijo el afectado que está seguro de que «la constructora no existe y es un montaje». Según este hombre, también pesa sobre el gerente una orden de embargo de todos sus bienes por parte de la Seguridad Social.
