En el número del viernes del Diario de la Republica Constitucional se publicaba el artículo que paso a publicar a continuación:

El Gobierno está negociando un plan de rescate financiero, a propuesta de la asociación que agrupa a las 14 inmobiliarias de mayor capitalización del país (G-14), que a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedería a estas una primera inyección de líquidez de unos 10 mil millones de euros. Con esta medida se actúa como si se pretendiera necesario el apoyo, en tiempos de crisis, a unas empresas que han sido consideradas como modélicas y fundamentales en la exitosa expansión y crecimiento de la economía española de los últimos años.

Sin embargo, en este discutible plan estarían incluidas empresas inmobiliarias que, de acuerdo a los documentos que obran en poder de este diario, estarían involucradas en fuga de capitales, lavado de dinero negro y pagos de favores políticos. Estos documentos han sido filtrados por Rudolf Elmer, ex director de operaciones del banco suizo Julius Baer en las Islas Caimán y demuestran el mecanismo que desde 1998 han estado utilizando conocidas corporaciones como la inmobiliaria Nozar (socia de Martinsa y accionista mayoritario de Astroc y Colonial). El dinero negro se enviaba a la banca suiza, esta lo dirigía a su operador en las Islas Caimán que a su vez lo devolvía como crédito, a través de un banco español, a una empresa tapadera vinculada a la inmobiliaria en cuestión.

Nozar, en concreto, utilizó para ello los servicios del banco Julius Baer y desde las Islas Caimán y a través de la sucursal en Nueva York, devolvía el dinero lavado al Banco Sabadell-Atlántico que lo consignaba en la cuenta de una empresa tapadera: quesos Eulalio Chirveches como falso crédito de la promotora. La cantidad lavada y defraudada se elevaría a varios cientos de millones de euros. Los pagos de favores políticos por recalificación de suelo, habrían seguido un procedimiento similar, siempre con empresas tapadera de por medio, titularidad de personas relacionadas con los destinatarios del soborno que ocultaban de esta forma la procedencia original del dinero.

Que los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE, junto con la Hacienda española, no hayan sabido nada de este gigantesco fraude sistemático y planteen encima una ayuda adicional, arroja serias dudas sobre un sistema político que blinda a sus gobiernos y partidos de tal manera que no parece posible exigir más responsabilidad que la derivada del resultado de unas elecciones generales arregladas para que nada cambie.

¿Será cierto todo esto? 

Podeís leer el artículo aquí.

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