 A propuesta del presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, de pretender que el impago de alquileres de viviendas sea considerado delito, con penas de entre uno y cuatro años a los arrendatarios que dejen de pagar a los dos meses, ha sido considerada "descabellada" por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante.
En palabras del secretario del colegio, Francisco Choclán, "una cosa es que se pueda sancionar administrativamente a un señor que no pague, pero lo otro es una medida descabellada", apuntó, tras añadir que "uno puede ser honrado y tener un revés en la vida que le puede impedir cumplir con esa obligación en un momento dado", por lo que estimó "muy delicado y peligroso que por un incumplimiento se pueda acabar en la cárcel".
No obstante, Francisco Choclán aclaró que "hay casos y casos" y reconoció que hay "profesionales de la estafa en el alquiler que se meten en una vivienda y dejan de pagar a los dos meses". Para ello, reclamó, en su lugar, "que la administración de justicia funcione de forma rápida y se agilicen los trámites de los desahucios por demanda judicial, ya que puede pasar un año o más desde que el propietario demanda al inquilino".
El secretario del colectivo profesional sí manifestó su apoyo a la propuesta de Magro de crear un registro público de los defraudadores que hayan sido condenados por esta causa, pero dudó de su viabilidad, ya que hace años el colegio intentó llevar a cabo una iniciativa parecida, "distribuir entre los colegiados una lista negra de morosos", pero la Ley de Protección de Datos impidió que saliera adelante.
También respalda esta medida el presidente de la Unión de Consumidores de Alicante (UCE), Pedro Hernández, que no se explica cómo ese registro con los nombres de los morosos aún no es una realidad, "debería estar ya colgado en Internet, no sólo con los nombres de los condenados por impago, sino también con la información de si esa persona tiene siete juicios pendientes por este motivo, porque es un dato relevante en la información de quien alquila un piso".
Hernández sí se mostró partidario de "endurecer" la vía coercitiva para "evitar que esas conductas se conviertan en prácticas habituales y mafiosas". "Con todo lo que sea castigar y desmotivar estas conductas con una mayor capacidad de sanción estaremos de acuerdo", indicó, "siempre que ello no implique más plazos, que no sean medidas que dilaten más el proceso judicial".
El responsable de la UCE en Alicante consideró no obstante, que la propuesta de condenar con cárcel los impagos de alquileres "podría modularse en función de la situación" y dedicarse especialmente al defraudador que sea "reincidente".
La Unión de Consumidores defiende, ante todo, el sistema de arbitraje para evitar situaciones más conflictivas "porque es más rápido y gratis, y debería recogerse en todas las cláusulas de contratos de alquiler", al tiempo que, por otra parte, se contribuye a "no judicializar" estas problemáticas, según apuntó Hernández.
Como se recordará, los juzgados de la provincia registran unos 2.000 procedimientos de desahucio al año por impago de alquiler.
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