"Lo peor de la crisis está por venir, ahora sólo estamos al principio", según destaca el presidente de la patronal de constructores de Balears, Sebastián Pastor, que considera que a partir de mediados del presente año puede comenzar a detectarse un mayor volumen en el cierre de empresas isleñas por la falta de actividad.

A su vez, el vicepresidente de los promotores isleños, José Luis Guillén, admite que algunas sociedades que han adquirido amplias extensiones de terreno pueden tener los mayores problemas por la deuda adquirida, especialmente después de que las entidades financieras hayan "cerrado el grifo" y se estén planteando serios problemas a la hora de plantear la refinanciación de los créditos.

Sebastián Pastor recordó que todavía se están ejecutando proyectos iniciados antes de que se detectara la fuerte desaceleración inmobiliaria, y que a medida que se vayan concluyendo estas edificaciones los problemas de falta de actividad se irán haciendo más evidentes.

De momento, en la patronal de los constructores no se tienen noticias de que empresas isleñas se estén viendo afectadas por los problemas económicos que comienzan a registrar algunas de las grandes promotores peninsulares que trabajan en Balears. Como ejemplo, Fbex Promo Inmobiliaria ha iniciado negociaciones con las entidades financieras para aplazar el pago de parte de su deuda. Martinsa-Fadesa también está buscando acuerdos con fondos extranjeros para la refinanciación de su deuda. Ambas compañías han comprado suelo y están realizando promociones en el archipiélago.

La demanda existe

El vicepresidente de los promotores subrayó, por su parte, que a diferencia de la crisis de los años 90, en este momento existe una importante demanda de nuevas viviendas, pero que no puede ser cubierta por falta de capacidad económica, de ahí que en su opinión sea necesario que "los políticos nos echen un cable".

Así, señaló que resulta necesario que las administraciones aprueben recortes en la fiscalidad para poder así bajar el precio de la vivienda en stock y que se aumente la edificabilidad permitida para poder rebajar el impacto que el precio del solar tiene sobre cada nuevo piso que se construye.

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